Jorge Cepillo (ARQUEÓLOGO) Todos (...) los nombres_|Vergüenza. Esa es la palabra que define lo que muchos sentimos al ver que después de 40 años de democracia siguen en las fosas decenas de miles de asesinados durante el genocidio franquista, yaciendo en fosas colectivas en cementerios y cunetas, en su gran mayoría clandestinas, a lo largo y ancho de este país. En cualquier otro país de nuestro entorno este hecho sería calificado como una sinrazón que aquí no sólo se tolera, sino que se ampara por la pasividad manifiesta de la que han hecho gala todas las administraciones (estatal, autonómicas y locales), da igual el color político, desde que se firmó el pacto de silencio y olvido que supuso la mal llamada transición modélica española. Ese error histórico pasado, sostenido en el presente, deberán asumirlo en su hoja de servicios a la democracia todos aquellos partidos y dirigentes políticos que, premeditadamente y mirando hacia otro lado, traicionando a las víctimas que debían haber sido sus referentes éticos e ideológicos, enterraron aún más profundo en las fosas a todas las personas que fueron asesinadas por defender la legalidad democrática republicana. Y por esos mártires nuestra actual democracia, con 40 años de bagaje, sólo ha actuado tímidamente y siempre a instancias de los familiares de las víctimas, de la sociedad civil y con el impulso de las entidades memorialistas que se han visto obligadas a llevar la iniciativa ante la inacción de los poderes públicos.
Y en Andalucía este panorama no es mucho mejor, a pesar de los mensajes autocomplacientes que se nos han venido lanzando en los últimos años desde que el gobierno andaluz ha puesto en marcha una tímida política de memoria, al menos en lo que a exhumaciones se refiere. Y esta afirmación no es un hecho opinable, está anclado en unos estremecedores datos que no dejan impasible a nadie con un mínimo de sensibilidad. Utilizando la estimación más baja en cuanto al número de víctimas asesinadas y enterradas en las aproximadamente 650 fosas andaluzas, la cantidad total podría ascender a unas 48.000 personas, de las que a día de hoy solamente se han recuperado 3.800, lo que supone algo menos del 8% del total de las víctimas, y siempre atendiendo a las estimaciones más bajas, ya que hay estudios que amplían este número por encima de las 60.000 personas. En cualquier caso ese 8% no deja de ser un porcentaje ridículo que nos da una idea de lo eterno que puede hacerse el proceso de exhumaciones restantes. En pocas palabras: no es de recibo para una sociedad democrática que se precie de serlo permitir esta situación; es, sencillamente, una vergüenza.
AMEDE
Por AMEDE | Los muertos esperan desde hace ochenta años. Sabemos dónde están y que son demasiados. Seis de los asesinados durante el terror fascista en San Fernando durante 1936, ya nos miran, inmóviles y descarnados, desde el fondo de la fosa. Esperan ser exhumados, identificados y enterrados con la dignidad que merecen. Eso es lo que esperan de nosotros.
Aún no sabemos quiénes son esos seis hombres —como usted sabe, la primera fase de la excavación sólo eran sondeos arqueológicos para localizarlos—. Y son muchos más. La lista de víctimas es larga. Podrían ser concejales de la última corporación republicana de San Fernando, sindicalistas, obreros significados, militares que no se decidieron a apoyar la sublevación, vecinos denunciados por otros vecinos, etc. Uno de esos seis cuerpos podría ser el de Juan Mantero Valero, el último de los dieciséis concejales de San Fernando asesinados entre agosto y noviembre de 1936. Tal vez.
Un 4 de noviembre de tal año mataron a Mantero, edil republicano del Ayuntamiento de San Fernando. Tenía 44 años y bastó una bala de fusil para dejar ocho víctimas directas: él, su viuda y seis huérfanos. El resto de su familia, sus vecinos y amigos cercanos quedaron instalados en la inacción por miedo. Su muerte no fue la consecuencia de una causa judicial, sus homicidas le aplicaron un Bando de Guerra ilegal que impusieron por la fuerza bruta de las armas y por la voluntad expresa de exterminar cualquier disidencia a su causa. Los ejecutores pensaron detenidamente cómo quitarle la vida y se aseguraron dos cosas. Primero, que la víctima no pudiera defenderse y, segundo, que el acto de su muerte no supusiera ningún riesgo físico para ellos mismos. No ejecutaron a Juan Mantero Valero, lo mataron con premeditación, impunidad y alevosía. Fue un asesinato…
AMEDE reclama de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía la decisión sobre la ejecución de los trabajos de exhumación en el Cementerio Municipal de San Fernando tras el resultado positivo de los sondeos arqueológicos
La asociación expresa su preocupación ante la falta de una propuesta clara desde la Dirección General de Memoria Democrática, organismo competente para la realización de la siguiente fase de exhumación
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) realizó, entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, los sondeos arqueológicos en el Cementerio Municipal de San Fernando como promotora de los trabajos al amparo de un convenio entre la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de San Fernando y la propia asociación. En dichos sondeos, se constató la existencia de restos humanos con total compatibilidad con los represaliados por el franquismo en, al menos, dos de las siete catas arqueológicas realizadas, así como la existencia de vainas de munición detonadas que pudieran haber sido usadas para la ejecución de los asesinatos.