El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla ha sido recibido por la alcaldesa de San Fernando. En este encuentro, ha solicitado el respaldo del equipo de Gobierno PSOE-PA a cuantas iniciativas surjan para el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática de Andalucía auspiciada por la Junta. Cavada les ha trasladado la predisposición del bipartito a iniciar los trámites necesarios para la exhumación de los restos de asesinados por el franquismo que se encuentran en la fosa común del cementerio municipal. El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla, organización surgida de la unión, a finales de 2015, de la Asociación por la Memoria Histórica de San Fernando y el Ateneo Republicano, ha sido recibido por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. En este encuentro, ha solicitado el respaldo del equipo de Gobierno PSOE-PA a cuantas iniciativas surjan para el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática de Andalucía auspiciada por la Junta de Andalucía. Cavada les ha trasladado la predisposición del bipartito a iniciar los trámites necesarios para que se haga efectiva la reclamación del Ateneo por la que se solicita la exhumación de los restos que se encuentran en la fosa común del cementerio municipal, con el objetivo de proceder a la identificación de los cadáveres de cuantas personas sufrieron persecución por el franquismo y fueron asesinadas durante la Guerra Civil. En este sentido, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la alcaldesa ha manifestado que el Ayuntamiento “debe dar cumplimiento a las leyes que marcan las directrices que, en materia de memoria histórica, son obligatorias para las administraciones públicas”. Aunque al respecto, no se alude a la siempre controvertida estatua del general Varela de la plaza del Rey. Precisamente Sí se puede San Fernando presenta al pleno de este mes una moción exigiendo la retirada del monumento. Del mismo modo, ha recordado, como alcaldesa socialista, que el PSOE “es el partido que más ha venido luchando desde las instituciones por la recuperación del recuerdo y la dignidad de las víctimas de la represión, compromiso reflejado claramente en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía cuyo germen fue el Decreto de Memoria Histórica de 2003 defendido por el PSOE andaluz”. También ha trasladado a los representantes del Ateneo el compromiso municipal para elevar esta petición a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y al Servicio de Memoria Democrática de la Diputación, lo que significaría comenzar los trámites para que los expertos tuvieran los permisos correspondientes del Ayuntamiento para iniciar el proceso de identificación de quienes en su momento fueron enterrados en la fosa común del cementerio isleño a través de un proyecto de intervención que, como en las actuaciones que se están llevando a cabo en las fosas de Cádiz y Puerto Real, estaría coordinado y sufragado por la administración autonómica. Los estudios de mapas arqueológicos más recientes revelan la existencia de más de 620 fosas en Andalucía, de las que un centenar corresponden a la provincia de Cádiz. Según los datos de los estudios realizados, unas 60.000 personas están desaparecidas como causa del golpe militar, Guerra Civil y la dictadura franquista. Los estudios historiográficos hablan de más de 13.000 víctimas de la represión en la provincia gaditana, de las cuales 3.000 fueron asesinadas.
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El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla (Armi) se suma a otras entidades implicadas en la recuperación de la memoria democrática que han hecho pública su solidaridad con Ana Fernández de Cosa, concejala de IU en el Ayuntamiento de Jerez, quien ha sido ha sido citada a declarar el 14 de enero por el Juzgado de Instrucción número dos de Jerez en calidad de imputada por un presunto delito de injurias y calumnias, tras la querella presentada por los familiares de José María Pemán. Los hechos que se juzgan se produjeron durante un pleno en el que se debatía la retirada del busto de José María Pemán del teatro Villamarta, cuando Ana Fernández argumentaba que no debía recibir honores institucionales alguien que se había significado como “asesino, misógino y fascista”. De ahí parte la denuncia a la concejala de IU por supuestas injurias y calumnias que vulneran el honor de la familia.