Del 12 al 18 de Abril 2014 Sábado 12 a las 12:30. Charla sobre "El Cementerio de Los Ingleses" Café-Bar La Buhardilla (Real 103) Mesa moderada por Gonzalo Alías. Intervienen: Ricardo Belizón. Arqueólogo (Arqueología en el contexto de la Memoria Histórica). Vanessa Perondi. Periodista. (Investigaciones desarrolladas). AMERE presentará sus proyectos. Lunes 14 a las 11:30. Concentración en la cabecera de la Avda. Cayetano Roldán. AMERE presentará una campaña de recogida de firmas para el cumplimiento de la futura Ley de Memoria Democrática. Posteriormente habrá una marcha hasta la fosa común del cementerio, en recuerdo de los asesinados por el fascismo. Martes 15 a las 18:00: "Los retos del municipalismo" Sede de IU-La Isla. Calle Juan de Austria, 64. Interviene el Alcalde de Medina, Fernando Macias. Miércoles 16 a las 19:00: Mesa de trabajo: Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Sede de IU-La Isla. Calle Juan de Austria, 64. Viernes 18 a las 18:30: "Sensibilización de las víctimas y localización de fosas comunes. El caso del Barranco de Víznar". Sede de IU-La Isla. Calle Juan de Austria, 64 Intervienen: Manuel G. Sánchez. Arqueólogo. Redactor del proyecto "Indagación, localización y delimitación de las fosas comunes en el Barranco de Víznar" Nuria López. Psicóloga y documentalista del proyecto "Indagación, localización y delimitación de las fosas comunes en el Barranco de Víznar".
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto dar luz ver en su reunión de este martes al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya principal novedad es que la Administración estará obligada a dar a conocer la verdad, buscar justicia y reparación a las víctimas. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aseguraba recientemente que su departamento trabajaba en una “ley de máximos” a favor de una definitiva búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación con el objetivo de devolver la dignidad a las víctimas y a sus familias, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar el mensaje del Gobierno andaluz de apoyo al conjunto de familiares de aquellos que fueron objeto de represión y tortura por la defensa de un gobierno legítimo. Especialmente, según apuntó Valderas, en el actual contexto en el que el principio de “justicia universal” es reclamado no sólo por los familiares sino por los organismos internacionales como la ONU. En este sentido, Valderas comentó que el citado organismo ha exigido al Gobierno de España un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos durante el franquismo articulando las medidas legislativas y judiciales necesarias para que las desapariciones forzadas “no sean crímenes sujetos a amnistía”.
Entre ellas la fosa común de Istán, exhumada en 2012 por la Federación Estatal de Foros por la Memoria Además también se incluye la desembocadura del río Guadalfeo en Salobreña, en la provincia de Granada, donde se produjo uno de los episodios más dramáticos de la huída de la carretera Málaga-Almería. Se trata en concreto de la fosa común de Istán. El cementerio de San Lorenzo de Ronda. La fosa común del cementerio de Villanueva de Cauche, en la comarca de Antequera, o la fosa común del cementerio de Teba, lugares estos en los que se llevaron a cabo brutales represiones cuando las tropas fascistas cerraban el cerco sobre Málaga. A estos se unen la antigua Prisión Provincial y la que fue cárcel de mujeres en el barrio de La Goleta de la capital malagueña. Además también se incluye la desembocadura del río Guadalfeo en Salobreña donde se produjo uno de los episodios más dramáticos de la huída de la carretera Málaga-Almería el 7 de febrero de 1937, hace hoy 77 años. El cauce se había desbordado, roto los puentes y los refugiados tuvieron que dejar todos sus enseres para cruzar el río.
El autor habla de un primer fusilamiento el 21 de julio. “Pero no tengo información, porque fue de los que no quedaron rastro pero lo cierto es que nosotros escuchamos las descargas y los tiros de gracia”, cuenta. Así que éste, fue el primero en quedar documentado. Emilio era argentino pero de casualidad. Nació allí porque su padre, actor de profesión, se encontraba de gira con su compañía. Con nacionalidad española también, la familia volvió a España y vivió en Madrid, Barcelona -donde incluso ejerció de periodista para La Vanguardia- y San Fernando (también conocida como La Isla), donde se casó con Ascensión García de Lomas -“un apellido muy conocido en esta ciudad”, recuerda Magdalena-. Trabajaba como responsable de correspondencia e intérprete de francés e inglés en la Constructora Naval. “Era una persona muy instruida y cuenta mi abuela que a menudo se acercaban a su casa, en la calle San Diego, trabajadores que venían a consultarle”. Ella, que no se metía en política, “lo respetaba pero le advirtió que fuera algo más cauto”. Incluso, “días antes del alzamiento, se plantearon la posibilidad de llevarse a los niños y marchar hacia Gibraltar porque se olían algo”. Pero ni se podían imaginar lo que ocurriría horas después.
En mayo de 1948 el dictador Francisco Franco aprobó la ley que restituía los privilegios jurídicos que la Segunda República había retirado a los nobles del país. A partir de entonces, el Boletín Oficial del Estado comenzó a llenarse de decretos con los que Franco devolvía favores a sus militares, a quienes concedía títulos nobiliarios hereditarios con exenciones fiscales. Estos privilegios con la hacienda pública debían alcanzar hasta la segunda generación. Es el caso del general José Enrique Varela Iglesias, uno de los artífices del golpe de estado que propició el inicio de la Guerra Civil y el fin de la democracia de la Segunda República. Varela, militar curtido en África, ocupó Cádiz con sus tropas el 18 de julio de 1936, un hecho que en democracia no ha servido para que se le retire el título de hijo predilecto de San Fernando (Cádiz), ni el de Marqués de Varela de San Fernando. Esta última distinción, concedida por Franco en 1951 a título póstumo, fue heredada por su hijo José Enrique Varela Ampuero y, ahora, tras la muerte del hijo en mayo del pasado año, la recibirá el nieto, José Enrique Varela Urquijo. Así lo dispuso el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en una orden firmada el pasado 18 de diciembre y publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado.